La licitación de los corredores viales con peaje fue percibida como un éxito del Gobierno. No se presentaron los grandes grupos que podían ser impugnados. Hay una modificación sustancial en el sistema: las obras, en teoría, las realizará el Ejecutivo.
¿Es mejor que lo que había? Primero, con la desconfianza que origina el Estado, hay quienes sospechan que no habrá tales obras. Segundo, los grandes grupos no se presentaron además de la eventual impugnación, porque el nuevo negocio no era tan bueno como el anterior. Además porque sospechan que si de verdad se harán obras, ellos son los mejores candidatos para hacerlas. Tercero, puede haber reclamos judiciales y nada garantiza que el Estado resulte ganador.
Las rutas que integran la reciente licitación son prácticamente las mismas que conformaban los corredores anteriores, agrupadas. Por eso los corredores actuales son menores en cantidad (12 contra 6) pero aproximadamente iguales en longitud. El único no re-licitado es el que atraviesa la Mesopotamia porque fue prorrogado su plazo a cambio de mayores obras por parte del concesionario. Tampoco lo fueron los dos de la Provincia de Buenos Aires: ruta 2 a Mar del Plata y ruta 11 a San Clemente, Pinamar y Villa Gesell, por la costa.
Las bases legales de la nueva licitación son iguales a las anteriores: Ley 17.520 de Concesión de Obras Públicas con las modificaciones que le introdujo la Ley 23.696 de Reforma del Estado (Ley Dromi) que habilitó entregar en concesión obras ya construidas por el Estado.
Desde un punto de vista general, las obras en una ruta son de conservación y mejoramiento.
La conservación incluye:
- señalización;
- limpieza y mantenimiento de banquinas;
- bacheo;
- sellado de grietas;
- mejoramiento;
- repavimentación;
- puentes y alcantarillas;
- calzadas adicionales.
En las anteriores concesiones el pago inicial de peaje incluía como obligación del concesionario el realizar obras de mejoramiento. Como esta tarifa tuvo varias disminuciones (primero con Cavallo, luego con Nicolás Gallo y, por segunda vez, con Cavallo) se pactaron compensaciones de la quita.
Muchas obras de mejoramiento dejaron de hacerse, con razón o sin ella, ya que los concesionarios aducen demoras en los pagos de las compensaciones. De ahí que la evaluación final de las rutas, previa a la nueva licitación, arrojara que 59% de ellas presentaba incumplimientos varios. El resultado de este desacuerdo que dará lugar a pleitos, no obstante, está por verse. Los principales litigantes son Roggio, Macri, Perales y Chediak.
Las compensaciones y subsidios provienen directamente de los consumidores de gasoil en razón de la tasa que sobre este combustible se creó en el segundo período Cavallo (peaje sombra al decir de los ingleses) que se aplica, según la ley de creación, a:
- las concesiones viales (hasta fin del mes pasado) como compensación de la disminución de tarifas;
- las concesiones ferroviarias (para que no aumente el precio de los boletos);
- el autotransporte de pasajeros urbano (ídem): unos 1.000 $/micro y por mes.
La novedad es que las nuevas concesiones no prevén obras de mejoramiento a cargo del concesionario, quien se limitará a mantener la ruta. Las obras de mejoramiento las realizará el Estado y son las que se anuncian por un monto de $ 500 millones. Los fondos provienen de la tasa al gasoil ya citada y las mejoras fueron explicitadas en los pliegos de las nuevas concesiones. En cambio de un subsidio al concesionario para hacer obras, ahora las hará el Estado. La hipótesis es que habrá un uso más eficiente de los recursos. Algo que, definitivamente, está por verse.
Las principales diferencias pueden sintetizarse así:
Anteriores concesiones
- Obras de conservación: tarifa al usuario.
- Obras de mejoramiento: tarifa del usuario (hasta su modificación) y subsidio proveniente de la tasa sobre el gas oil de allí en adelante.
- Fuente de los pleitos: monto efectivo aplicado por los concesionarios a las obras de mejoramiento con el subsidio recibido.
Nuevas concesiones
- Obras de conservación: tarifa al usuario.
- Obras de mejoramiento: a cargo del Estado.
- Fuente de eventuales pleitos: que el Estado no haga en tiempo y formas las obras de mejoramiento y el concesionario afronte mayores gastos de conservación.
El nuevo sistema tiene alguna modificación interesante. Se podrán agregar tramos a la concesión, de forma tal de aumentar la conservación con cargo al usuario efectivo del camino. También el peaje de sombra es una idea atractiva en la medida que el consumidor de gasoil (autos, camiones y agro) vea que ese recurso se aplica al camino. Hoy está distorsionado por completo, por cuanto subsidia los ferrocarriles y el autotransporte urbano de pasajeros.
Es muy probable que el principio aplicado para estas concesiones sea el que utilice el Gobierno cuando negocie con el sector energético. Aumentará un poco las tarifas para permitir un mejor mantenimiento y realizará directamente obras en el sector concesionado que, como es obvio, forma parte de su patrimonio. Esto puede hacerse con los actuales concesionarios o con otros nuevos. Todo sin modificar el marco legal vigente. El dinero para las inversiones estatales podría provenir de créditos multilaterales de largo plazo.